Subsecretario de Estado de Río de Janeiro señala ilegalidades y pide anulación de contratos hospitalarios para tratamiento de covid-19
En Río de Janeiro, el subsecretario Jurídico de la Secretaría de Estado de Salud del estado, Felipe de Melo Fonte, encontró ilegalidades en la elección de entidades para hacerse cargo de la administración de los dos hospitales estatales que serán referencia en el tratamiento de personas. con covid-19.
La solicitud de nulidad de Fonte se hizo porque no se respetaron los plazos estipulados en el aviso de recepción de propuestas.
La selección de los lugares se realizó un día después de la publicación en el Boletín Oficial. Según las bases, el plazo estipulado era de dos días para la presentación de los proyectos. Se estimó que el gasto con la gestión de las unidades en los próximos seis meses es R$ 91 millones. El caso fue revelado por el blog del periodista Rubén Berta.
La disputa por la administración de los hospitales estatales Zilda Arns, en Volta Redonda, y Anchieta, en la capital, fue ganada por Imaps (Asociación para la Protección de la Maternidad y la Infancia de Mutuípe) y por el Idab (Instituto Diva Alves do Brasil).
Refutación
El subsecretario se pronunció poco después de desmentir los resultados de las dos disputas realizadas por el Instituto Solidaridad, que constató las irregularidades. Fonte señaló en sus dictámenes que “ni siquiera el contexto de emergencia invocado autoriza la celebración de contratos administrativos plagados de vicio”.
“Existe una falla irremediable en el procedimiento de selección, a saber: la contradicción interna dentro del aviso público respecto del plazo para la entrega de la documentación de los interesados en participar en el proceso de licitación, falla señalada incluso por el postulante en el documento que dio lugar a la apertura de este expediente administrativo”, escribió Fonte, procuradora estatal.
Según el subsecretario, el irrespeto al edicto impidió la participación de la mayoría de los interesados en administrar los hospitales. El abogado también dijo en su opinión que el aviso público de la disputa no fue presentado a la Subsecretaría Jurídica. Esta situación es contraria al decreto estatal.
El subsecretario ejecutivo Gabriell Neves coordinó la licitación. Y fue también con quien Mariana Scardua, ex subsecretaria de la Gerencia de Atención Integral de Salud, tuvo desacuerdos antes de ser exonerada.
Scardua comandaba la subcarpeta que se encargaba de administrar las unidades de salud del estado. Esto incluyó regulación de camas, protocolos de manejo de medicamentos, entre otras actividades muy relacionadas con el enfrentamiento a la pandemia.
El Departamento de Salud estatal indicó que la exoneración se debió a un cambio en la estructura de la carpeta, con el fin de devolver los esfuerzos para combatir el nuevo coronavirus.
La carpeta no se pronunció sobre la opinión de la subsecretaria jurídica.
